Evitar que los menores de edad participen en delitos de alto impacto: Yesica Rojas

Toluca, Estado de México.- “Le pedí un aventón al presidente y aunque me moría de miedo sabía que era su cabeza o la mía. Esas fueron las palabras de un adolescente que le disparó al presidente municipal de Valle de Chalco Francisco Tenorio Contreras”, señaló la diputada Yesica Yanet Rojas Hernández, al presentar una iniciativa con proyecto de decreto para erradicar el uso y participación de menores en delitos de alto impacto con penas de prisión de hasta 15 años.

En el Salón del Pleno, la diputada de Valle de Chalco, que sufrió la pérdida de su esposo el entonces alcalde del municipio 122, Francisco Tenorio, tras sufrir un atentado en el 2019 a manos de dos menores de edad, propuso reformar el artículo 204 del Código Penal del Estado de México.

Informó que de acuerdo con las cifras de la organización REINSERTA y Red por los derechos de la infancia (Redim) en México, existen entre 35 mil y 45 mil menores que se encuentran reclutados de manera forzosa por el crimen organizado. El INEGI reporto que un menor sicario dentro de la delincuencia organizada tiene un promedio de vida de tres años.

Por ello, a través de la iniciativa se busca reformar el artículo 204 del Código Penal del Estado de México, a fin de subir hasta en dos terceras partes de la pena que corresponda a lo establecido actualmente, además de incluir en delitos de alto impacto, enunciados en el proyecto, donde usen y/o participen menores considerándose penas mayores pueden alcanzar los 15 años de prisión.

“Buscamos proteger a los niños, niñas y adolescentes elevando las penas a quien por cualquier medio se obligue, procure, induzca o facilite a una persona menor a realizar a través de cualquier medio y sin fines de lucro actos eróticos o sexuales, utilizando sus servicios en lugares o establecimientos, ya que actualmente las penas son de seis meses a dos y cinco años de prisión”.

Y aseguró que es responsabilidad de la Legislatura crear mecanismos que busquen proteger y garantizar un marco jurídico que atienda las necesidades prioritarias de la población sobre todo de un sector como los menores de edad.

La iniciativa paso a la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictamen.

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