Por primera vez, los Censos Nacionales de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales federal y estatal, que se levantarán a partir de mayo, se harán de manera virtual mediante una plataforma que permitirá automatizar la captura, procesamiento y validación de los datos proporcionados.
Funcionarios del INAI y del INEGI tuvieron una reunión virtual de trabajo para conocer los ajustes y detalles de los censos que miden los comportamientos sociales y gubernamentales que rodean las facetas del derecho de acceso a la información y la forma como se instrumentarán a partir de este mes.
El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, destacó que la concepción de los censos los convierten en productos indispensables para la salud republicana y la interpretación de una democracia constitucional efectiva.
“El censo constata la salud de la construcción y la calidad de la información pública que todos los sujetos obligados deben ofrecer permanentemente a la ciudadanía; el INEGI y el INAI tienen que caminar juntos para poder comprobar que el experimento de hacer público lo público, es un bien social, que debe defenderse”, destacó.
Acuña Llamas reconoció la voluntad y disposición permanente del presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Julio Santaella, para colaborar con el INAI en estas y otras tareas conjuntas.
En la reunión virtual, el comisionado Oscar Guerra Ford destacó que para acelerar el proceso de validación de los datos reportados por los órganos garantes y las instituciones públicas, el INAI puede colaborar proporcionando el número de solicitudes y recursos de revisión en materia de acceso a la información y protección de datos personales, así como el padrón de sujetos obligados.
Consideró un gran acierto del censo comenzar a medir las capacidades institucionales de los sujetos obligados de manera directa, pues antes se hacía, a través del órgano garante.
Explicó que este cambio permitirá conocer la realidad de operación de las Unidades de Transparencia y sus capacidades, así como información del personal que las integra.
Por su parte, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena planteó la importancia de la calidad de información arrojada por el censo y sugirió generar un estudio o análisis sobre el impacto que tiene entre la sociedad el trabajo desarrollado por los organismos garantes en el territorio nacional, que continúan trabajando durante la emergencia sanitaria.
“Nos debemos a los ciudadanos y la intención de que seamos eficientes y eficaces es no solamente que saquen cien los sujetos obligados en las verificaciones o que entreguen las respuestas, sino realmente que se esté generando una mayor cultura y un mayor interés de la población en general en términos de la utilidad que tenemos como organismos garantes”, subrayó la comisionada.
La comisionada Josefina Román Vergara celebró que se haya incorporado al censo el tema de los archivos y planteó importante integrar, en ejercicios futuros, preguntas específicas sobre archivos históricos y sistemas institucionales de archivos, que cada institución pública está obligada a implementar.
Propuso establecer contacto con el Sistema Nacional de Archivos, a través del titular del Archivo General de la Nación, para presentar los resultados que arroje el censo en esta materia, así como se hará con el Sistema Nacional de Transparencia.
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