Nacional.- Magistrados de Tribunales Colegiados del Poder Judicial de diversas entidades del país comenzaron a integrar expedientes para solicitar ante el Ministerio Público que se inicien carpetas de investigación en contra de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y Gabriel García Rodríguez, director general de Epidemiología.
El cargo es el probable delito de falsedad en declaraciones ante una autoridad judicial sobre la autorización de emergencia de la vacuna anticovid para niños de cinco años en adelante.
El argumento de los magistrados y jueces federales es que se viola el interés superior del niño, que garantizan tanto la Constitución como los tratados internacionales, por ser un derecho humano, como el acceso a la salud.
Lo anterior, luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el uso de emergencia para la vacuna de Pfizer para niños de cinco años en adelante, desde el pasado 3 de marzo, de acuerdo con el portal oficial de Vacunas Autorizadas para uso de Emergencia, y pese a ello, la Secretaría de Salud (Ssa) mentía al informar a los jueces que aún no se contaba con la autorización.
Entre los argumentos que la Ssa seguía interponiendo en los recursos de queja a los magistrados para no vacunar a niños y niñas de entre 5 y 11 años, ya estando autorizada su uso de emergencia, eran la imposibilidad para aplicar la dosis debido a la falta de autorización (por parte de la Cofepris) respecto de cualquier vacuna para menores de 12 años y que carecía de los conocimientos científicos para determinar la cantidad de dosis que debía suministrarse al menor de edad.
Las autoridades responsables de firmar estos recursos de queja, entregados a los magistrados, a través del área jurídica de la Ssa, fueron el subsecretario Hugo López-Gatell y Gabriel García Rodríguez, director general de Epidemiología.
De acuerdo con información, a través del Poder Judicial, en Guanajuato se están resolviendo unas 90 quejas a la semana por cada Tribunal Colegiado. En los cientos de casos de menores de edad que han pedido, mediante amparo, ser vacunados contra covid-19, las autoridades federales de Salud seguían alegando lo mismo, la no autorización por parte de Cofepris para menores de 5 a 11 años, a pesar de que ya existía.
Se documentó desde el jueves que la Cofepris mantuvo oculta la autorización de uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech para el grupo de edad de 5 a 11 años.
Se supo hasta que se entregó un informe a Jesús Gallegos, Juez Segundo de Distrito del estado de Oaxaca, mediante oficio número 04505, relacionado con el juicio de amparo 1380/2021, tramitado desde el 2 de diciembre por Alma Franco, abogada y madre de Jorge de 10 años, para que su hijo fuera vacunado.
Con esta publicación de Cofepris en su página web, aunque aún oculta al público en general, la Ssa ya no tiene argumentos para contestar a los jueces que la vacuna de Pfizer carece de autorización. Lo que se espera en las siguientes semanas es una avalancha de amparos que obligarán a las autoridades a aplicar la vacuna.
Es verdaderamente incomprensible la decisión de Cofepris de no haber dado a conocer a tiempo la aprobación de uso de emergencia de la vacuna de Pfizer para menores de 5 a 11 años.
«Es un hecho demostrado que los niños requieren ser vacunados pero, como se ha mostrado, no hay una intención de vacunarlos, ni existe un contrato para comprar vacunas por parte del sector salud. Esperamos que esto no tenga efectos catastróficos en la población en los próximos brotes o con nuevas variantes”, concluyó Xavier Tello, cirujano y analista de políticas públicas de salud.
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