Avalan en comisiones hasta 10 años de cárcel por negar justicia a mujeres en el Estado de México

Toluca, Estado de México. Las comisiones unidas para la Igualdad de Género y de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura del Estado de México aprobaron una iniciativa que contempla penas de hasta 10 años de prisión para personas servidoras públicas que, por corrupción, negligencia u omisiones, obstaculicen investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra mujeres por razones de género.

La propuesta, impulsada por la diputada morenista Jennifer Nathalie González López, busca reformar el Código Penal del Estado de México y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de sancionar a quienes nieguen el acceso a la justicia a víctimas de violencia feminicida.

De ser aprobada por el Pleno legislativo, las personas servidoras públicas encargadas de la procuración y administración de justicia que incurran en actos de corrupción, negligencia, alteración de pruebas u obstrucción de investigaciones podrían enfrentar penas de prisión, multas de entre 100 y 150 días, además de destitución o inhabilitación del cargo.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) deberá investigar todas las muertes violentas de mujeres y niñas bajo el protocolo de feminicidio, garantizando perspectiva de género y debida diligencia desde el inicio de las indagatorias.

Durante la discusión legislativa, la diputada Jennifer González destacó que la iniciativa representa un paso importante para fortalecer las instituciones encargadas de impartir justicia y evitar que líneas de investigación relacionadas con violencia de género sean descartadas prematuramente.

La propuesta retoma planteamientos impulsados por Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio ocurrido el 29 de junio de 2010 en Chimalhuacán, cuyo caso se convirtió en referente nacional tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó reabrir la investigación inicialmente cerrada como suicidio.

Por ello, esta reforma también es conocida como la “Iniciativa Mariana Lima Buendía”, al incorporar criterios derivados de la sentencia emitida el 25 de marzo de 2015, considerada un precedente histórico en materia de investigación de feminicidios en México.

Durante el análisis, legisladoras y legisladores destacaron que el Estado de México continúa enfrentando retos importantes en materia de violencia de género. La diputada Nelly Brígida Rivera Sánchez señaló que de los 721 feminicidios registrados en México durante 2025, el Estado de México concentró el 35 por ciento en municipios con Alerta de Violencia de Género, por lo que consideró urgente fortalecer el marco legal.

Asimismo, integrantes de las comisiones coincidieron en que la reforma permitiría combatir prácticas de negligencia institucional, evitar la revictimización y fortalecer el acceso a la verdad, justicia y reparación del daño para mujeres víctimas de violencia y sus familias.

Actualmente, el Código Penal mexiquense establece penas de 40 a 70 años de prisión por feminicidio y transfeminicidio, además de sanciones económicas que pueden incrementarse dependiendo de las agravantes del delito.