La Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura del Estado de México analiza reformas para fortalecer las herramientas legales que permitan garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, especialmente en beneficio de niñas, niños y adolescentes.

Durante una reunión presidida por el diputado Edgar Samuel Ríos Moreno, las legisladoras Itzel Daniela Ballesteros Lule y Selina Trujillo Arizmendi, de Morena, así como Miriam Silva Mata, del PVEM, coincidieron en que el derecho de alimentos va más allá de una obligación económica, pues está relacionado directamente con la salud, educación, oportunidades y bienestar de quienes dependen de esta prestación.

Una de las iniciativas, presentada por Itzel Ballesteros, propone que la autoridad judicial pueda decretar de oficio el aseguramiento de alimentos, sin que sea indispensable una solicitud de las partes. La propuesta también contempla mecanismos como la retención o el descuento directo de ingresos para evitar que la obligación sea evadida.

Por su parte, el Grupo Parlamentario del PVEM plantea que, bajo determinadas circunstancias, la obligación alimentaria pueda recaer sobre recursos disponibles en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, o su equivalente, de la persona deudora.

La propuesta establece que esta medida podría aplicarse cuando la persona obligada se encuentre desempleada y carezca de otros bienes suficientes para cubrir la pensión, verificando previamente la existencia de recursos en cuentas de aportaciones voluntarias o equivalentes.

En caso de resultar procedente, el embargo se realizaría primero sobre los montos legalmente embargables de las aportaciones voluntarias y, únicamente si estos fueran inexistentes o insuficientes, podría recurrirse a los recursos de la subcuenta de retiro, conforme a las condiciones planteadas en la iniciativa.

Miriam Silva señaló que este tipo de medidas buscan proteger el interés superior de la niñez, mientras que Selina Trujillo consideró que la falta de cumplimiento de la obligación alimentaria puede constituir una forma de violencia económica que afecta directamente el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Las reformas también contemplan que el aseguramiento de alimentos pueda realizarse mediante hipoteca, prenda, fianza, depósito, retención, descuento directo de ingresos u otra garantía que la autoridad judicial considere suficiente.

En caso de utilizar recursos de la subcuenta de retiro, se plantea que la autoridad ordene a la institución administradora entregar periódicamente únicamente los recursos necesarios para garantizar el mínimo vital de la persona acreedora alimentaria, hasta que la persona deudora consiga empleo o se agoten los recursos disponibles.

Las iniciativas continúan en análisis dentro de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense.