Defensoría Pública del EdoMéx fortalece acceso a la justicia para mujeres indígenas

Ixtlahuaca, Estado de México.— Con el objetivo de garantizar los derechos humanos de las mujeres indígenas y facilitar su acceso a la justicia en condiciones de igualdad y con perspectiva intercultural, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, brinda acompañamiento jurídico gratuito a integrantes de los pueblos originarios de la entidad.

A través del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México (IDP), durante 2026 se ha proporcionado asesoría y orientación jurídica gratuita a 106 mujeres indígenas, además de defensa penal a otras 11 personas de este sector.

En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, el organismo, sectorizado a la Consejería Jurídica, informó que también ha realizado 95 estudios socioeconómicos para determinar la procedencia del patrocinio jurídico gratuito en asuntos familiares, civiles y mercantiles.

Estas acciones están dirigidas a mujeres pertenecientes a los cinco pueblos originarios reconocidos en el Estado de México: mazahuas, nahuas, matlatzincas, otomíes y tlahuicas, con el propósito de que puedan ejercer plenamente sus derechos y contar con representación legal cuando enfrenten algún procedimiento jurídico.

Un ejemplo es el caso de Carmela Rivera Bernal, mujer mazahua de 77 años, originaria de San Juan de las Manzanas, en Ixtlahuaca. Tras el fallecimiento de su hija, ella y su esposo necesitaban realizar un procedimiento legal para acceder a una pensión.

Con apoyo de su hijo, Gregorio Velázquez Rivera, acudió al Instituto de la Defensoría Pública, donde recibió orientación y patrocinio jurídico para iniciar un juicio de dependencia económica.

La atención especializada busca eliminar barreras que enfrentan las comunidades indígenas para acceder a la justicia, entre ellas las relacionadas con la falta de recursos económicos, conocimiento de los procedimientos legales y dificultades lingüísticas.

Como parte de “El Poder de Servir”, el Instituto de la Defensoría Pública cuenta además con defensores públicos certificados en lengua otomí y mazahua, lo que permite ofrecer servicios con pertinencia lingüística y acercar la justicia a las comunidades originarias.

El Gobierno del Estado de México destacó que estas acciones forman parte de una política de justicia incluyente, humanista y cercana, orientada a proteger los derechos humanos y garantizar que las condiciones económicas, culturales o lingüísticas no sean un obstáculo para acceder a la justicia.