La investigación apunta al uso de inteligencia artificial para imitar voces de funcionarios y suplantar identidades; el operativo se realizó en el fraccionamiento La Providencia.
Metepec, Estado de México, 9 de octubre de 2026.— Un exfuncionario del Gobierno de Michoacán, cuatro personas de su entorno familiar y un escolta fueron detenidos por su presunta participación en una red de extorsión que habría operado mediante la suplantación de identidad de servidores públicos y el uso de inteligencia artificial para imitar sus voces.
De acuerdo con información difundida por el Gabinete de Seguridad federal, el operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Las investigaciones condujeron a un inmueble ubicado en el fraccionamiento La Providencia, en Metepec, donde se ejecutó una orden de cateo. En el lugar fueron asegurados equipos telefónicos y vehículos de alta gama.
Presuntamente suplantaban a funcionarios
Las autoridades señalan que la organización habría contactado a políticos, servidores públicos y empresarios mediante llamadas y mensajes dirigidos a sus teléfonos personales.
El esquema presuntamente consistía en hacerse pasar primero por asistentes o secretarios particulares y, posteriormente, suplantar la identidad de funcionarios de alto nivel para solicitar recursos económicos o conseguir beneficios.
Según las indagatorias, el grupo habría recurrido a herramientas de inteligencia artificial para imitar voces y reforzar la credibilidad de los engaños.
Las autoridades investigan actividades que presuntamente se habrían desarrollado desde 2021 y que involucrarían a diversas víctimas.
Cinco personas bajo investigación
Entre los detenidos se encuentra Luis “N”, quien ocupó cargos como tesorero general y secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán durante 2012 y 2013. También fueron detenidos integrantes de su familia y un escolta, según los reportes oficiales.
Los cinco enfrentan un proceso judicial por el delito de extorsión. La responsabilidad penal de cada uno deberá determinarse conforme avance el procedimiento y se desahoguen las pruebas correspondientes.
El caso vuelve a poner atención sobre el uso de tecnologías de inteligencia artificial para cometer fraudes y extorsiones mediante la falsificación de voces e identidades, una modalidad que puede dificultar que las víctimas distingan entre una comunicación auténtica y un engaño.
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