Proponen reconocer incapacidad laboral y educativa por interrupción legal del embarazo en el Estado de México

TOLUCA, Estado de México.— La diputada Jennifer Nathalie González López, del partido Morena, presentó una iniciativa de reforma constitucional para reconocer explícitamente el derecho a una incapacidad médica con efectos laborales y académicos derivada de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), con el objetivo de garantizar la protección de la salud física y emocional de las personas gestantes.

La propuesta plantea otorgar una incapacidad mínima de tres días hábiles, prorrogable conforme a criterio médico, con goce de sueldo cuando corresponda, válida para efectos laborales, educativos o de seguridad social. Este documento podría ser expedido por instituciones de salud públicas o privadas y tendría reconocimiento oficial en todos los ámbitos.

De aprobarse, la Estado de México incorporaría en su Constitución el acceso a esta medida de protección derivada de la atención en salud reproductiva, al considerar que la ausencia de este derecho constituye una forma de discriminación indirecta y violencia institucional.

La iniciativa subraya que la incapacidad deberá otorgarse con estricta confidencialidad y sin que la persona beneficiaria pueda ser objeto de despido, sanción, represalia o afectación laboral o académica. Asimismo, establece que el ejercicio de la patria potestad no podrá impedir que una adolescente acceda a la interrupción legal del embarazo ni a la incapacidad correspondiente en los supuestos permitidos por la ley.

El documento también contempla que el Sistema Estatal de Salud implemente mecanismos para la emisión, validación y seguimiento de estas incapacidades, en coordinación con instituciones educativas, empleadores y dependencias públicas. Además, las secretarías de Salud y de Educación estatal, junto con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), emitirían lineamientos para asegurar un proceso ágil, digno y confidencial.

Entre los apoyos adicionales se propone que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios otorgue, de manera opcional, una incapacidad educativa que incluya orientación psicológica, acompañamiento emocional, acceso a información sobre salud reproductiva y flexibilidad temporal en actividades laborales o académicas.

La legisladora señaló que, aunque la interrupción legal del embarazo está permitida hasta las 12 semanas de gestación, y en otros supuestos después de ese plazo —como violación, riesgo para la vida o salud de la mujer o embarazo por inseminación no consentida—, actualmente no existe un reconocimiento uniforme del derecho a la incapacidad médica posterior al procedimiento.

Asimismo, advirtió que negar o condicionar este permiso obliga a las personas gestantes a reincorporarse de inmediato a sus actividades, lo que puede afectar su recuperación y exponerlas a sanciones laborales, despidos o deserción escolar.

La propuesta incluye la armonización de al menos diez ordenamientos estatales, entre ellos los códigos Civil y Administrativo, así como leyes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, asistencia social, igualdad de género, juventud, trabajo de los servidores públicos y prevención de la discriminación.

Con esta iniciativa, se busca garantizar que el acceso a la interrupción legal del embarazo vaya acompañado de condiciones laborales y educativas que protejan integralmente a las personas gestantes en el Estado de México.