Urge generar infraestructura de evacuación en San Juanico: Max Correa

Tlalnepantla, Estado de México.- Ante las amenazas y riesgos químicos latentes por las plantas gaseras asentadas en el polígono de seguridad de San Juan Ixhuatepec, en Tlalnepantla, y para preservar la seguridad de los habitantes de esta zona, el diputado local de Morena, Max Agustín Correa urgió a autoridades del gobierno del Estado de México, a realizar obras para garantizar prevención de desastres, la evacuación de la población en caso de una emergencia mayor, así como la actualización de protocolos para una mejor capacidad de respuesta.

El morenista pidió también a los grupos parlamentarios para que se apruebe el exhorto, porque se requiere inversión en “San Juanico”, se necesita presupuesto para que las autoridades lleven a cabo las obras necesarias para enfrentar el grave riesgo que representa este polígono de seguridad, por ello, reiteró, se necesita aprobar el exhorto desde la legislatura, sino sólo sería un ‘llamado a misa”.

Ante el llamado, los grupos parlamentarios del PAN, PT se sumaron al Punto de Acuerdo de Morena, que exhorta al secretario General de Gobierno, Ernesto Nemer, como responsable de la política estatal de Protección Civil, gestione junto con autoridades federales y municipales, el reinicio y fortalecimiento de los programas o planes de prevención en torno al polígono de seguridad de San Juan Ixhuatepec, así como fomentar una cultura de protección civil entre la población en riesgo, generando campañas de difusión que le permita conocer de los planes y programas de prevención en la zona.

El integrante de la bancada de la Esperanza también exhortó a la Secretaría de Movilidad, a generar proyectos de infraestructura para una rápida evacuación de la población en caso de una explosión de gas o cualquier otro fenómeno de origen químico, con el objetivo de garantizar la vida y la integridad de la población, ya que la ruta de evacuación que se había diseñado desde 2019, quedó encerrada con la autopista estatal Naucalpan-Ecatepec.

Agregó, el gobierno municipal convocó, en ese año, al Centro Nacional de Prevención de Desastres, a empresarios de las gaseras y al gobierno estatal, a la instalación de un grupo de trabajo para rediseñar y hacer viable la ruta de evacuación para la población, que quedó encerrada con la autopista estatal Naucalpan-Ecatepec; y, dado que ahora existen conjuntos habitacionales aledaños a las gaseras, se planteó la actualización de protocolos de emergencia y acciones de mitigación de riesgos.

Sin embargo, este esfuerzo se diluyó en la nada debido tanto a la pandemia de covid19, como a la ausencia de un enfoque de Gestión Integral de Riesgos en la Coordinación Estatal de Protección Civil, pues la legislación vigente reflejada en el Libro VI del Código Administrativo es arcaica e insuficiente pues obedece al modelo de protección civil que definía la Ley General de Protección Civil hasta el año 2012. Hay 9 años de atraso, y es necesario un cambio de paradigma que ha costado y sigue costando vidas de mexiquenses hasta la fecha.

Como representante popular, indicó, las vecinas de San Juan Ixhuatepec, son las víctimas principales de la ausencia estructural de prevención de riesgos en la Zona Metropolitana del Valle de México, pues apenas vivieron un desbordamiento de aguas torrenciales con saldo de un muerto, y un desprendimiento de piedras de consecuencias fatales, a los que se suma el permanente riesgo químico, incrementado por la ausencia de acciones eficaces y por obras públicas carentes de planeación, sin consulta pública y de impacto negativo socio-ambiental.

El diputado de Tlalnepantla reiteró que las gaseras de San Juan Ixhuatepec son una bomba de tiempo y por ello, afirmó, desde la Comisión de Asuntos Metropolitanos, “facilitaremos los procesos y dinámicas que den resolución a las demandas de la población, para garantizar su vida y su integridad”.

Narró que las  explosiones en “San Juanico”, del 19 de noviembre de 1994, se han asentado en los anales de la historia como el peor desastre provocado por el estallamiento de petroquímicos provocando pérdidas humanas, materiales y sociales aún incuantificables, y destacó que, a 37 años de la catástrofe se han desarrollado distintos esfuerzos para mitigar los riesgos químicos en la zona y a través de normatividad federal, se estableció por decreto un polígono de seguridad, se definieron protocolos de actuación al tratarse de una zona densamente poblada y se realizaron originalmente cambios al uso de suelo para prohibir asentamientos humanos destinados a la vivienda en los alrededores que fueron modificados por gobiernos locales de intereses neoliberales inconfesables durante la década de los 90s.

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