Querétaro se encuentra en el centro de una polémica luego de que una adolescente de 14 años fuera acusada de homicidio tras sufrir una pérdida espontánea de su embarazo. La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó los cargos en su contra, desatando una ola de reacciones de organizaciones de derechos humanos, colectivos de defensa de las mujeres y legisladores, quienes exigen un trato justo y compasivo para la menor, quien habría atravesado una situación de vulnerabilidad antes de su embarazo.
La diputada federal Anaís Burgos se pronunció en contra de la acusación, describiéndola como un “atropello” y cuestionando al fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández por el manejo del caso. “Criminalizar a una niña de 14 años después de haber sido vulnerada es un atropello por parte del fiscal”, declaró Burgos, quien además afirmó que la joven no está sola y cuenta con el respaldo de miles de personas. “Somos millones con ella y su familia. No vamos a permitir que se encubra al responsable”, expresó la diputada. Las declaraciones de Burgos han impulsado una campaña en redes sociales bajo el hashtag #JusticiaParaEsmeralda, donde activistas y ciudadanos han expresado su apoyo a la joven y su familia.
Diversas organizaciones han manifestado la necesidad de que el caso sea analizado considerando las circunstancias de vulnerabilidad de la menor y que se evite revictimizarla. Una representante de un colectivo de defensa de los derechos de las niñas y adolescentes señaló que “es fundamental respetar la situación emocional y física de la menor en este proceso y garantizar sus derechos”.
Hasta el momento, la FGE no ha emitido una respuesta oficial a las críticas y peticiones de revisión del caso. Este incidente ha reavivado el debate en el estado sobre la forma en que el sistema judicial aborda los casos de menores en situaciones de riesgo y la urgencia de aplicar un enfoque de justicia que contemple las circunstancias particulares de cada persona.
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