Delfina Gómez Álvarez, debe hacer más que solo reuniones
La reciente denuncia de la colectiva feminista Ehécatl sobre la existencia de una posible fosa clandestina en el canal de Cartagena, en Ecatepec, pone en evidencia el profundo abandono institucional que sufren las víctimas de desaparición y sus familias en el Estado de México. La revelación de extremidades humanas, restos óseos y, de manera desgarradora, el cuerpo de un bebé sin vida, subraya la falta de atención y respuesta por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y del gobierno encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Mientras las madres y voluntarias de la colectiva, armadas con ganchos improvisados, hurgaban entre la basura en busca de los restos de sus seres queridos, la mandataria estatal anunciaba en redes sociales la realización de la segunda mesa de la Estrategia Operativa Oriente, supuestamente enfocada en mejorar la seguridad en la región. La paradoja es brutal: mientras el gobierno habla de coordinación y seguridad, las familias buscan justicia entre los desechos y la indiferencia institucional.
Es inadmisible que sean las propias familias quienes deban desempeñar las labores de búsqueda, cuando es el Estado quien tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la verdad y la justicia. La FGJEM, cuya función principal es la investigación de delitos, ha sido incapaz de proporcionar respuestas eficaces ante el horror de los hallazgos en el canal de Cartagena. Esta omisión no es un caso aislado, sino un reflejo de la crisis forense y de seguridad que persiste en el Estado de México.
El gobierno de Delfina Gómez debe asumir con seriedad su responsabilidad en este asunto. No es suficiente con mesas de trabajo y discursos optimistas. Se requieren acciones concretas: un reforzamiento de la capacidad forense, una mayor transparencia en la identificación de los restos encontrados y un compromiso real con las víctimas y sus familias. La indiferencia gubernamental ante estos hallazgos solo perpetúa la impunidad y la revictimización de quienes han perdido a sus seres queridos.
La denuncia de la colectiva Ehécatl no solo expone el abandono institucional, sino que también nos recuerda la urgencia de replantear el papel del Estado en la búsqueda de justicia. No podemos permitir que los canales de aguas negras de Ecatepec sean los únicos testigos de una tragedia que el gobierno se niega a enfrentar.
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